Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer el embargo de todas las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez.

Los fiscales elevaron el pedido de 37 páginas al juez federal Julián Ercolini, a quien le solicitaron, además, que disponga una serie de embargos sobre activos a nombre de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

Los fiscales pidieron también la apertura de cajas de seguridad franjadas, de De Vido y José López, y “el inventario y secuestro de su contenido y el inmediato embargo” de los bienes de valor que haya en su interior. Así buscan hacer efectivo el embargo ordenado en diciembre de 2016 y que confirmó la Cámara Federal porteña hace pocas semanas.

En el listado de bienes a embargar, de la ex presidenta y sus hijos, figuran 25 inmuebles, cedidos a los hijos de la ex presidenta; dinero en efectivo, cedido a Florencia; un automóvil Honda CRV, cedido a ambos hijos, y acciones de las empresas Los Sauces y Hotesur, también cedidas a los dos.

Además, los fiscales pidieron el embargo de 81 inmuebles y porcentajes de inmuebles de Lázaro Báez y cuatro automóviles, entre los que hay un BMW, y acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, entre otros.